El desahucio por impago de alquiler en Galicia
El impago del alquiler es una de las situaciones más delicadas y estresantes que pueden surgir en la relación entre un arrendador y un arrendatario. En Galicia, como en el resto de España, esta circunstancia está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil, ofreciendo un marco legal para resolver el conflicto. Sin embargo, el proceso de desahucio por impago está lleno de matices, plazos y requerimientos formales que pueden resultar abrumadores para quien no está familiarizado con ellos. Esta guía busca arrojar luz sobre el procedimiento, ofreciendo una visión tanto para el propietario que busca recuperar su inmueble y las rentas adeudadas, como para el inquilino que se enfrenta a una posible pérdida de su hogar.
Es fundamental entender que, ante esta situación, ambas partes tienen derechos y obligaciones. La ley busca un equilibrio, protegiendo el derecho del propietario a percibir la renta acordada y, al mismo tiempo, garantizando que el inquilino no sea desalojado sin un procedimiento judicial justo. Navegar por este proceso sin el consejo de un abogado civil experimentado puede llevar a errores costosos, demoras innecesarias y una mayor tensión emocional.
Pasos a seguir para el arrendador ante un impago
Cuando un inquilino deja de pagar la renta, la primera reacción del propietario suele ser de incertidumbre y preocupación. Actuar de forma precipitada o al margen de la ley (como cambiar la cerradura o cortar los suministros) es un grave error que puede acarrear consecuencias legales para el propio arrendador. Por ello, es crucial seguir un camino estructurado.
La vía amistosa: el primer recurso
Antes de iniciar cualquier acción legal, lo más recomendable es intentar resolver la situación de forma amistosa. Una llamada telefónica o una conversación pueden aclarar si se trata de un retraso puntual, un problema temporal o una situación más grave. La comunicación fluida puede, en ocasiones, evitar la judicialización del conflicto, llegando a un acuerdo de pago fraccionado o a una solución consensuada.
La reclamación formal: el burofax
Si la vía amistosa no da resultado, el siguiente paso es enviar una comunicación formal al inquilino reclamando la deuda. El medio más eficaz y con mayor validez legal es el burofax con acuse de recibo y certificación de texto. Este documento no solo sirve como prueba fehaciente de que se ha reclamado la deuda, sino que también es un requisito clave para impedir que el inquilino pueda «enervar» el desahucio (cancelarlo pagando la deuda) si ya lo ha hecho en una ocasión anterior. Un abogado de impagos puede redactar este requerimiento de forma precisa para asegurar su plena validez legal.
Inicio del procedimiento judicial de desahucio
Si tras el requerimiento formal el inquilino sigue sin pagar, no queda más remedio que acudir a la vía judicial. A partir del primer mes de impago, el arrendador ya está legitimado para presentar una demanda de desahucio. Esta demanda debe ser redactada y firmada por un abogado y un procurador. En ella, se pueden solicitar dos cosas simultáneamente: la recuperación del inmueble (el desahucio propiamente dicho) y la reclamación de las cantidades adeudadas (rentas, facturas de suministros, etc.). Es en este punto cuando la figura de un abogado de desahucios se vuelve indispensable para guiar todo el proceso con seguridad y eficiencia.
El proceso judicial de desahucio
El «desahucio express», introducido para agilizar estos procedimientos, sigue una serie de fases bien definidas una vez se presenta la demanda en el juzgado correspondiente.
La demanda y la notificación al inquilino
Una vez admitida a trámite la demanda, el juzgado emite un decreto en el que se establece una fecha para el juicio (si fuera necesario) y una fecha para el «lanzamiento» (el desalojo efectivo). Este decreto se notifica al inquilino en el domicilio alquilado. La notificación es un momento crucial, ya que a partir de entonces el inquilino tiene un plazo de 10 días hábiles para actuar.
Opciones del arrendatario tras recibir la demanda
El inquilino, una vez notificado, tiene varias opciones:
- Pagar la totalidad de la deuda: Si paga todo lo que debe (rentas y costas) en ese plazo de 10 días, puede enervar o detener el proceso, continuando con el contrato de alquiler. Este derecho solo puede ejercerse una vez durante la vida del contrato.
- Oponerse a la demanda: Si no está de acuerdo con la cantidad reclamada o considera que el arrendador ha incumplido alguna cláusula del contrato, puede presentar un escrito de oposición con la ayuda de un abogado. En este caso, se celebrará un juicio para que el juez decida.
- No hacer nada: Si no paga ni se opone, el proceso sigue adelante directamente hacia la fecha de lanzamiento fijada en el decreto inicial, sin necesidad de celebrar un juicio.
- Desalojar la vivienda: Puede optar por abandonar el inmueble, pero esto no le exime de la obligación de pagar la deuda acumulada.
El lanzamiento: la recuperación del inmueble
El lanzamiento es el acto final del proceso, en el que una comisión judicial se persona en la vivienda para hacer efectivo el desalojo y devolver la posesión al propietario. Si el inquilino no ha abandonado la propiedad voluntariamente, se puede requerir la presencia de la policía e incluso de un cerrajero para acceder al inmueble.
Derechos del arrendatario frente a un desahucio
Enfrentarse a un procedimiento de desahucio por impago es una de las situaciones más angustiosas para una familia. Es vital que el arrendatario conozca sus derechos y las vías de acción que tiene a su disposición.
La primera recomendación es no ignorar las notificaciones. La inacción solo acelera el proceso en contra del inquilino. Buscar asesoramiento legal inmediato es el paso más importante para entender la situación y explorar las posibles soluciones. Un profesional del ámbito civil podrá analizar el contrato y la reclamación para verificar que todo es correcto.
Si la causa del impago es una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida, el inquilino puede solicitar el reconocimiento de esta condición para pedir una suspensión temporal del lanzamiento, de acuerdo con las medidas de protección social vigentes. Además, si carece de recursos, tiene derecho a solicitar un abogado de oficio a través del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.
Abogados especialistas en derecho civil
Tanto para el arrendador que desea un proceso rápido y sin errores, como para el arrendatario que necesita defender sus derechos, la intervención de un letrado especializado en derecho civil es fundamental. Estos procedimientos, aunque comunes, tienen una alta carga de formalismos legales cuyo incumplimiento puede retrasar o incluso invalidar el proceso.
Un buen profesional no solo se encarga de la redacción de la demanda o la contestación, sino que asesora estratégicamente a su cliente. Para el propietario, esto significa optimizar los tiempos y maximizar las posibilidades de cobrar la deuda. Para el inquilino, implica analizar todas las opciones, desde la negociación de un acuerdo hasta la defensa en juicio. En despachos como Ferro&Novio Abogados, con más de 30 años de experiencia en la zona de Bertamiráns y Santiago de Compostela, entendemos la dimensión humana de estos conflictos. Nuestro enfoque se basa en ofrecer un trato cercano y explicaciones claras, para que el cliente comprenda cada paso del camino. Para resolver estas situaciones de la manera más eficaz, contar con el respaldo de un abogado civil en Bertamiráns es fundamental.
Conclusión: la prevención y el asesoramiento son la mejor estrategia
La mejor manera de evitar un conflicto por impago de alquiler es la prevención: un contrato de arrendamiento bien redactado, que especifique claramente todas las obligaciones, y una comunicación abierta entre las partes son la base de una relación sana. Sin embargo, cuando el problema surge, la única vía segura es la legal.
Esta guía ofrece una visión general, pero cada caso tiene sus propias particularidades. La cuantía de la deuda, las cláusulas del contrato, la situación personal del inquilino o la existencia de requerimientos previos son detalles que pueden cambiar por completo el curso del procedimiento. Por ello, aunque esta información es útil, siempre recomendamos encarecidamente acudir a un despacho de abogados para recibir un asesoramiento personalizado y adaptado a su situación concreta. Un profesional cualificado será su mejor aliado para proteger sus intereses y encontrar la solución más justa y eficiente.
